La nación desaparecida

La controversia reciente entre el actual gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, y el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha puesto nuevamente en el centro del debate público una de las crisis más profundas y estructurales de la vida nacional mexicana. La persistencia de decenas de miles de personas desaparecidas no puede entenderse únicamente como un problema de seguridad pública o de criminalidad organizada. Más bien, constituye un síntoma dramático del proceso de fragmentación del Estado mexicano que se ha desarrollado durante las últimas décadas bajo la influencia del capitalismo neoliberal, proceso que ha debilitado la autoridad estatal, ha multiplicado los actores de violencia y ha generado una forma particular de necropolítica en México.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde mediados del siglo XX México ha superado las 130 mil personas desaparecidas, la gran mayoría registradas a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada en 2006 (Secretaría de Gobernación 2025). Este dato por sí mismo refleja la magnitud de la crisis. Sin embargo, el problema central no radica únicamente en la cifra, sino en lo que esa cifra revela sobre el funcionamiento real del Estado mexicano. Las desapariciones masivas indican que el Estado ha perdido la capacidad efectiva de ejercer autoridad en amplias regiones del país, así como de garantizar la protección básica de la vida de sus ciudadanos.

Sassen (2006) ha descrito este fenómeno como un proceso de desensamblaje del Estado nacional en el contexto del capitalismo global contemporáneo, en lo cual muchas de las funciones tradicionales del Estado fueron fragmentadas, privatizadas o desplazadas hacia actores económicos y redes transnacionales, esto bajo la expansión del neoliberalismo desde finales del siglo XX. Este proceso debilitó las capacidades institucionales de los Estados, especialmente en países periféricos o semiperiféricos, generando vacíos de autoridad que son ocupados por otros actores de poder. En el caso mexicano, esta fragmentación ha producido una situación en la que el monopolio legítimo de la violencia, tradicionalmente atribuido al Estado moderno desde la teoría política clásica, se encuentra distribuido entre múltiples actores que incluyen organizaciones criminales, policías locales capturadas, milicias privadas y estructuras híbridas que operan en zonas grises entre legalidad e ilegalidad.

En este contexto, la proliferación de desapariciones es una consecuencia lógica del debilitamiento de la autoridad estatal. Arendt (1970) ya señalaba que la violencia aparece precisamente cuando la autoridad se derrumba y deja de ser capaz de organizar la obediencia social mediante legitimidad política. Cuando la autoridad desaparece, la violencia se convierte en el instrumento dominante para imponer decisiones y ejercer control. La crisis mexicana parece confirmar este diagnóstico. En amplias regiones del país, la violencia se ha convertido en el mecanismo central de regulación social y económica, mientras que la autoridad estatal se vuelve intermitente, fragmentaria, o simplemente inexistente.

Esta transformación adquiere una dimensión aún más inquietante si se analiza desde la perspectiva de la necropolítica desarrollada por Mbembe (2019), quien ha argumentado que el poder soberano contemporáneo se caracteriza –cada vez más– por la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir, especialmente en contextos donde la violencia se normaliza como forma de gobierno. Las desapariciones en México representan una expresión extrema de esta lógica. La desaparición forzada implica no solo la eliminación física de la persona, sino también la suspensión de su existencia jurídica y social. La persona desaparecida queda fuera del orden legal, fuera de la memoria pública y fuera del reconocimiento estatal. La desaparición se convierte así en una forma radical de control sobre la vida y la muerte.

Desde esta perspectiva, la discusión actual entre el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y el gobierno mexicano no puede reducirse a una disputa técnica sobre la definición jurídica del delito. El Comité ha señalado que existen indicios de prácticas generalizadas de desaparición en México y ha invocado mecanismos internacionales para examinar la situación (Comité contra la Desaparición Forzada 2026). Por su parte, el gobierno mexicano ha rechazado estas caracterizaciones, argumentando que muchas desapariciones son cometidas por actores criminales y no directamente por agentes estatales (Secretaría de Relaciones Exteriores 2026). Sin embargo, este debate revela un punto crucial que suele perderse en la discusión pública. La responsabilidad del Estado no se limita a las acciones directas de sus funcionarios, sino que también incluye la incapacidad estructural para prevenir, investigar y sancionar las violaciones graves de derechos humanos dentro de su territorio.

En este punto resulta fundamental distinguir entre gobierno y Estado. El gobierno es una administración temporal que ejerce el poder político durante un periodo determinado. En cambio, el Estado es una estructura histórica de instituciones, capacidades y formas de autoridad que trasciende a los gobiernos particulares y que se configura a través de una relación dinámica con la sociedad. En este sentido, la sociedad civil no es un receptor pasivo de la acción estatal, sino que es un actor participante en la reproducción cotidiana del Estado mediante prácticas sociales, cultura política y mecanismos de participación que permiten convertir las decisiones colectivas en acción pública (Gramsci 1971, Migdal 2001, Jessop 2016). Cuando organismos internacionales señalan la existencia de desapariciones sistemáticas en México, no están acusando necesariamente a un gobierno específico de haber diseñado una política deliberada de desaparición. Más bien están señalando una falla estructural del Estado mexicano para garantizar los derechos fundamentales de su población.

Esta distinción es particularmente relevante para el actual gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”. El proyecto político de la 4T se ha presentado como una ruptura histórica con el modelo neoliberal que dominó la vida pública mexicana durante más de tres décadas. Sin embargo, la crisis de desapariciones demuestra que las estructuras institucionales heredadas de ese periodo siguen operando. Si la respuesta del gobierno se limita a rechazar las críticas internacionales y defender su actuación administrativa, corre el riesgo de reproducir precisamente la estructura estatal fragmentada que dice combatir.

Paradójicamente, algunas de las pistas para una reconstrucción profunda del Estado podrían encontrarse en experiencias políticas que históricamente han sido consideradas marginales dentro del sistema político mexicano. El reciente planteamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre la construcción de “El Común” propone formas de organización política basadas en la comunidad, la autonomía y la participación colectiva (Bellani 2026). Aunque este proyecto ha sido concebido principalmente para territorios indígenas específicos, su lógica política plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la autoridad y la legitimidad en México.

La propuesta zapatista no busca sustituir al Estado nacional mediante enclaves locales aislados. Más bien, sugiere la posibilidad de reconstruir la autoridad política desde la base social, a partir de comunidades capaces de autogobernarse y de participar activamente en la construcción del orden político. Este planteamiento dialoga de manera interesante con la idea de la nación como comunidad imaginada desarrollada por Anderson (2006), quien argumentaba que las naciones no son entidades naturales, sino comunidades políticas imaginadas que permiten a millones de personas reconocerse como parte de un mismo proyecto colectivo (Anderson 2006).

Si la nación mexicana puede reconstruirse como una comunidad política activa, y no únicamente como un aparato administrativo centralizado, entonces el concepto de “El Común” podría escalar más allá de los territorios zapatistas. En un país de más de 130 millones de habitantes, la reconstrucción de la autoridad estatal no puede depender únicamente del fortalecimiento de instituciones burocráticas o de la expansión de aparatos de seguridad; requiere también la reconstrucción del vínculo político entre el Estado y la sociedad.

En este sentido, la crisis de desapariciones en México representa una tragedia nacional, pero también una oportunidad histórica. La Cuarta Transformación tiene la posibilidad de impulsar una reconstrucción profunda del Estado mexicano basada en la recuperación de la autoridad política entendida como legitimidad colectiva. Esto implicaría fortalecer las capacidades de búsqueda, investigación y justicia, reconstruir instituciones locales capturadas por redes criminales y generar mecanismos de participación social que permitan reconstruir la confianza pública.

Si el gobierno mexicano logra asumir esta tarea histórica, la actual controversia con el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas podría convertirse en un punto de inflexión hacia la reconstrucción del Estado. Si, por el contrario, se limita a defenderse de las críticas y a preservar el funcionamiento actual de las instituciones, corre el riesgo de perpetuar la fragmentación estatal que ha permitido que la violencia se convierta en uno de los principales organizadores de la vida social en México.

Por lo tanto, la verdadera discusión debe centrarse en una pregunta mucho más profunda sobre el futuro del país: ¿México será capaz de reconstruir la autoridad de su Estado a partir de una nueva idea de nación capaz de proteger la vida de sus ciudadanos y de impedir que la desaparición continúe siendo una de las formas más brutales de la política contemporánea?

El autor es profesor-investigador en el área académica de Política Internacional de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, y es director ejecutivo de Estratequio, un centro de investigación con sede en México dedicado al análisis geopolítico.

Referencias

Anderson, Benedict. 2006. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Londres: Verso.

Arendt, Hannah. 1970. On Violence. Nueva York: Harcourt Brace.

Bellani, Orsetta. 2026. “El Común, la apuesta zapatista para enfrentar la tormenta”. Desinformémonos. https://desinformemonos.org/el-comun-la-apuesta-zapatista-para-enfrentar-la-tormenta/.

Comité contra la Desaparición Forzada. 2026. “Mexico: UN Committee Requests General Assembly Consideration of Enforced Disappearances”. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/04/mexico-un-committee-requests-general-assembly-consideration-enforced.

Gramsci, Antonio. 1975. Cuadernos de la Cárcel. Tomo 3. Cuaderno 6, §88, pp. 74-75. Trad. Palos, Ana María. México D.F.: Era. https://archive.org/details/antonio-gramsci-cuaderno-de-la-carcel.

Jessop, Bob. 2016. The State: Past, Present, Future. Cambridge: Polity Press.

Mbembe, Achille. 2019. Necropolitics. Durham: Duke University Press.

Migdal, Joel S. 2001. State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another. Cambridge: Cambridge University Press.

Sassen, Saskia. 2006. Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages. Princeton: Princeton University Press.

Secretaría de Gobernación. 2025. Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Gobierno de México. https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral.

Secretaría de Relaciones Exteriores. 2026. “México rechaza informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU”. Gobierno de México. https://www.gob.mx/segob/prensa/mexico-rechaza-informe-del-comite-de-desapariciones-forzadas-de-la-onu-por-omitir-avances-contra-desapariciones-forzadas-desde-2018-422922?idiom=en.

Text citation (Chicago 17va ed.): Tzili-Apango, Eduardo. “La nación desaparecida”. Tequio geopolítico, 6 de abril, 2026. https://estratequio.mx/la-nacion-desaparecida.